viernes, 23 de febrero de 2018

Las silenciadas, las nadie, las que no cuentan, las sintecho

En España hay aproximadamente 30.000 personas sin hogar

Habitualmente entendemos al sinhogarismo como un grupo de personas que viven en la vía pública. Sin embargo, la situación de estas personas transciende mucho más la situación de dormir en la calle.

Las personas sin hogar carecen de derechos garantizados a toda la ciudadanía. Carecen del derecho a participar en la vida política, sin domicilio no pueden ni votar ni presentarse a ser votadas. Carecen de muchos de los derechos sociales, el acceso a la vivienda y al trabajo. También carecen de lazos familiares y sociales dentro de la estructura social.

El 20% de estas personas son mujeres, llegan a la calle en peores condiciones que los hombres, porque aguantaron  e intentaron por todos los medios a su alcance no acabar en esta situación, apoyándose en lazos familiares.

En el informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) afirma que el 70% de los pobres del mundo son mujeres.
 
Las causas del sinhogarismo de las mujeres tienen su origen en el sistema patriarcal y sólo desde ahí podemos explicarlas, puesto que este sistema es el rige todas las instituciones del mundo. 
 
El riesgo de exclusión social en las mujeres está directamente relacionado con la capacidad de mantener su hogar de forma autónoma . La mayor parte de las mujeres con acceso al mercado laboral, lo hacen en los llamados empleos para mujeres: limpieza, atención al público, cuidados, sanidad, los sectores feminizados, que son los más precarios y peor pagados. Al tener este tipo de trabajos mal remunerados e inestables, el acceso a la hipoteca para vivienda es mucho más complicado.

Así, en nuestro país las tasas de desempleo de las mujeres duplican a las de los varones; sus salarios  también son inferiores y, si nos fijamos en las situaciones de pobreza extrema, son también las mujeres, en mayor medida, las perceptoras de rentas mínimas.

Muchas de las mujeres sin hogar tienen en común la violencia sufrida por sus parejas, muchas veces el detonante de que salgan de casa, con lo puesto, y acaben en la calle donde se agravan estas violencias por el hecho de ser mujeres. Las dificultades de acceder a la higiene son más agresivas para ellas, ya que en muchos centros de personas sin hogar no admiten mujeres, no hay centros exclusivos para ellas, y en los mixtos no hay ni formación ni elementos específicos para las mujeres. Tener la menstruación y vivir en la calle, es un factor de riesgo para la salud y la re inserción social.

La violencia machista en casa, las dificultades económicas derivadas del desempleo o precariedad laboral y la falta de medios de las instituciones, son las causas de que las mujeres terminen esta situación de vulnerabilidad. 

El gobierno de España apenas invierte presupuesto en políticas sociales que ayuden a solventar los problemas de estas mujeres, que a causa del sistema patriarcal, la gran mayoría sigue ocupando las tareas de cuidados de los hijos, los mayores etc lo que dificulta su acceso al mercado laboral fuera de los precarios trabajos feminizados. 

Además de las dificultades de encontrar empleo que tienen todas las personas sin hogar, las mujeres sufren doble discriminación, añadiendo la de ser mujer. 

Las ayudas económicas del Estado son de una cuantía que no permite pagar alquiler, gastos y sustento, por lo que se hace prácticamente imposible acceder a la vivienda.  

El patriarcado estigmatiza más a las mujeres sin hogar además de invisibilizarlas, como no son visibles en consecuencia, los gobiernos y las administraciones no se responsabilizan de la problemática.

De las 30000 personas sin techo en España, un 47% han sufrido violencias, humillaciones y agresiones.
 
Habitualmente tendemos a pensar que las agresiones de las personas sin hogar son en su mayoría de grupos neonazis, sin embargo, solo el 7% son de estos grupos.

El 10% de estas agresiones son de la policía y un alarmante 28% son de personas jóvenes que vuelven de fiesta y ven un entretenimiento agredir a estas personas vulnerables. 

Esto se debe a la Aporafobia, rechazo, temor y desprecio a las personas pobres. Como ya hemos dicho, el 20% de estas personas sin hogar son mujeres. De este 20% de la población indigente:

-El 40% han sido agredidas físicamente. 
- El 61% han sido víctimas de robos.
-24% han sido violadas.

Un  44% de hombres sin hogar informa ser víctimas de delitos de odio, porcentaje que aumenta al 60.4% en las mujeres. 

Las mujeres sufren las mismas agresiones que los hombres por el hecho de vivir en la calle, y además sufren las agresiones por ser mujeres. La violencia sexual. 

En resumen, la desigualdad del sistema patriarcal provoca que las mujeres seamos mucho más pobres, los gobiernos capitalistas invisibilizan esta problemática para no tener que invertir presupuestos en solucionarla, y una vez que por culpa del patriarcado capitalista estamos en la calle, sufrimos mucho más la violencia y la estigmatización  social. Nuestro delito, nacer con vagina. 

España presume de ser un país garante de los derechos humanos, pero no lo es. Y no lo es por varios motivos, pero centrándonos el tema de las personas sin hogar vulnera los siguientes artículos de la declaración universal de los DDHH:
 
Artículo 3.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

La propia policía española forma parte de las violencias hacia los sin techo, y desde luego el estado no hace nada para paliar ninguna de las agresiones que sufren

Artículo 5.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 21.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Este artículo dedicado a todos los que se empeñan en negar que la brecha salarial no es materia de DDHH incluidos los gobernantes que afirman que no es cosa suya.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

No podemos seguir mirando hacia otro lado. No podemos darle la espalda a estas 30,000 personas, entre las cuales podemos estar algún día cualquiera de nosotras. Tenemos que exigir políticas sociales que rescaten personas y no bancos y autopistas. 

jueves, 15 de febrero de 2018

Si el saber no ocupa lugar, la formación...ya tal

En la subasta en que se convierten los distintos recursos con cada nueva licitación (cosas de la privatización), hemos caído en Grupo5. Una empresa que al menos asegura poner en valor la formación de sus profesionales. De hecho, tiene un instituto de formación propio, IFIS (Instituto de Formación e Intervención Social). Sin embargo ya se sabe, en casa del herrero...

martes, 6 de febrero de 2018

No + Precariedad

En Servicios Sociales conocemos muy bien la precariedad, tanto la nuestra como trabajadoras como la que sufren las personas a las que atendemos. Por eso, desde La Rosa En Lucha nos sumamos a la convocatoria del 10 de febrero. ¡No más precariedad en nuestras vidas!


 

domingo, 4 de febrero de 2018

Entrevista a las trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

La Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género sufre un nuevo recorte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. Los nuevos pliegos de adjudicación para que diversas empresas compitan por hacerse con este “negocio”, ponen en riesgo la viabilidad de este servicio fundamental. Las trabajadoras de la Red, sector claramente feminizado y precario, han dicho basta y denuncian esta bochornosa realidad. 

Tanto usuarias como trabajadoras están pagando las consecuencias de la privatización de los servicios sociales por parte del PP, que hace depender servicios fundamentales como este de cuanto son capaces de ahorrar las empresas, sin importar el proyecto técnico y las necesidades reales de las mujeres atendidas. Las trabajadoras del servicio se han organizado para denunciar esta situación y se están movilizando. En la tarde del 25 de enero se manifestaron frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, exigiendo el fin de estos ataques y un servicio de calidad.


Entrevistamos a Elena Fernández Cobo, presidenta Comité de Empresa de Intress de la Comunidad de Madrid para Libres y Combativas.

P- ¿Nos puedes explicar los motivos del conflicto?

R- El conflicto surge porque la Comunidad de Madrid tiene servicios especializados en violencia de género públicos pero en manos de entidades privadas que son las que los gestionan. Para otorgar estos servicios lo que hacen es sacar unos pliegos, las empresas presentan proyectos, y a la que más puntuación saque se le otorga el servicio. ¿Qué ocurre? Que desde el 2013 la Comunidad de Madrid lleva adelante una política de precariedad económica en esos pliegos. Desde el 2013 todos los puntos se los llevaba la bajada económica, la reducción de gasto, sin puntuar el proyecto técnico. En el 2017 pensábamos que esto iba cambiar porque aquello lo hicieron amparados por la crisis, pero lo que hemos visto es que el 70% de los puntos se los sigue llevando la bajada económica sin dar prioridad alguna al proyecto técnico, que es lo que realmente ayuda a las mujeres. ¿Qué significa esto, en qué se traduce? Que la empresa que haga la mayor reducción de gasto es la que va a gestionar, aunque presente un proyecto deficiente o que no ayude a ninguna mujer en su intervención.

P- Estabas señalando cómo afecta esto y cómo perjudicará a las mujeres…

R- Claro… Son unos pliegos en los que recortan las jornadas de las trabajadoras, con cada vez menos personal, y en unos servicios que son 24 horas, que si recortas en las jornadas, al final lo que ocurre es que es casi imposible cubrir dichas 24 horas con una profesional. Llevamos 4 años desde el 2013 haciendo verdaderos esfuerzos para que esa precariedad no la notasen las mujeres que acuden a este servicio. Hablamos de una trabajadora social por turno para 18 o 25 plazas, y no se llega. Teníamos la esperanza de que eso cambiase en estos pliegos, y no solo no se ha cambiado sino que se recortan las jornadas. Llega un momento en el que las trabajadoras decimos que ya no podemos más, que estamos saturadas, y que con este modelo no podemos garantizar la calidad del servicio y poder responder a las necesidades de las mujeres. Como profesionales y activistas hemos dicho que no íbamos a ser cómplices de estas políticas y por eso viene esta denuncia.

P- ¿Crees que las trabajadoras, que sois las que conocéis la realidad del servicio, las mujeres con las que trabajáis y sus necesidades, deberíais ser participes en la elaboración de esos pliegos?

R- Totalmente, somos nosotras las que estamos en contacto día a día, las mujeres descargan en nosotras sus necesidades, sabemos si estos centros se adaptan a lo que ellas necesitan o no, y tenemos una información privilegiada. Creemos que nos tienen que oír y dar voz, porque ellas, las mujeres que acuden a nosotras, al final no se quejan, no ponen quejas en las administraciones diciendo “no estoy conforme con esto”, pero a nosotras si que nos llegan estas quejas, y para que sean unos servicios que se adapten a las mujeres y no las mujeres las que se adapten a los servicios, se nos tiene que estuchar. Porque nosotras también creemos en la recuperación, creemos en la lucha y queremos que nuestro trabajo sirva para algo, no para poner parches.

P-¿Debería garantizarse este servicio como servicio público con plantillas estables? Supongo que la flexibilidad de las plantillas también hace mella en el servicio.

R- Claro, nuestra petición más urgente, viendo los pliegos y en las condiciones en las que se van a quedar las compañeras, es en primer lugar la modificación de criterios por parte de la administración a la hora de puntuar para que las entidades obtengan la concesión. No puede mantenerse el criterio de que la oferta económica sea la que más puntos se lleve, debería ser la que menos, y el proyecto técnico exigir unos mínimos de intervención, innovación, etc. Esa es la urgencia, pero el debate de fondo es que no se puede sacar beneficio de las necesidades de las personas. Cuando una entidad o una empresa pujan por este servicio quiere un beneficio. Ese margen de ganancia se lo estas quitando a las mujeres y los menores con los que estás interviniendo. Ese es el debate profundo, si se puede sacar beneficio de la necesidad

P- ¿Cómo podemos apoyaros como mujer, como activista, como feminista, y como trabajadora en vuestro plan de acción?

R- Nosotras, en nuestro plan de acción, hemos empezado denunciando en 5 centros, los que tenemos conocimiento y representamos como trabajadoras, pero sabemos que esto es un problema de la Comunidad de Madrid. Todos los servicios de la CAM de violencia de género sistemáticamente salen así, es la política de la Comunidad. Nuestro paso siguiente es unirnos todos los servicios de la Comunidad de Madrid para hacer una lucha conjunta, porque ahora han sido nuestros pliegos, antes fueron otros y ahora vendrán otros nuevos. Queremos un compromiso por parte de todos los agentes políticos, sociales, movimientos, que pueda influir en que este criterio cambie, que haya un pacto en que se diga que la puntuación económica no puede ser superior y que este debe ser el mínimo factor por ley.

Se nos apoya dándonos voz, porque creemos que nosotras también damos voz a esas mujeres que sufren las carencias que pueden estar viviendo en los centros. Los movimientos feministas para nosotras son súper importantes, nos dan mucho empuje, y creemos que tenemos que estar conectadas también para hacer una lucha conjunta y sobre todo, difundir, estar en contacto, crear una red alternativa de lucha y que esto sirva para dignificar, que es otra de nuestras reivindicaciones, dignificar nuestra profesión. Somos trabajadoras a las que nos piden años de experiencia, formación especifica; la titulación es técnica pero los salarios apenas llegan a mileuristas, si se llega, y sabemos que esto pasa porque somos una profesión muy feminizada, y porque trabajamos con población vulnerable, que parece que tampoco importe. Lo comparamos a profesiones como ingenieros, con más hombres, que se les exige lo que a nosotras y nos duplican en salario. Creemos que nosotras mismas nos tenemos que empoderar y realizar estas exigencias, porque eso mismo es lo que trabajamos con las mujeres, que se empoderen, que pidan sus derechos y que hagan los movimientos que necesiten para ir caminando juntas hacia la igualdad.

miércoles, 31 de enero de 2018

La calle y el abandono institucional matan

Medio centenar de personas se concentraron en la noche de este lunes ante el albergue municipal de la calle Perafán de Rivera de Sevilla para pedir una mayor atención a las personas sin hogar en la capital hispalense, tras ser encontrado horas antes el cadáver de un indigente a las puertas de sus instalaciones.

La concejala de Participa Sevilla, Cristina Honorato, explicó durante la concentración que se trataba de un hombre con problemas mentales que había sido dado de alta del hospital San Lázaro de la ciudad y que falleció por causas que se desconocen.
Honorato dijo que las personas que se concentraron intentan «visibilizar una problemática» de «falta de recursos para las personas sin hogar que le dan el alta en hospital, pero no tienen recursos para su convalecencia de forma digna».

«No se tiene en cuenta a las personas, son una forma más de buscar el lucro», añadió, a la vez que reclamó «recursos para personas sin hogar, porque es un problema gravísimo que nos lleva a denunciar la falta de seguimiento a estas personas».

El fallecido es un hombre del que no han trascendido sus datos y que se encontraba en el albergue de forma transitoria al no tener familia conocida. 

ABC
 

martes, 30 de enero de 2018

Acto por la Remunicipalización

Es cierto que patronal y derecha política están haciendo todo lo posible para entorpecer los procesos de remunicipalización que se están poniendo en marcha. Era lo esperable. El problema es cuando son los propios ayuntamientos del cambio los que se niegan. Como es obvio que sí es posible revertir un proceso de privatización, algunos responsables políticos intentan generar confusión y sembrar el miedo entre las plantillas, argumentando que el personal que presta el servicio privatizado se iría a la calle. Simplemente es mentira. La ley dice justo lo contrario:

"En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general". Artículo 130.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

Desde La Rosa En Lucha animamos a participar en el acto convocado este sábado sobre remunicipalización. Porque sí se puede. Escucha la entrevista a la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid en El Candelero (Radio Vallekas).